Del colegio ruinoso a la venta de los servicios públicos

La semana pasada, desde la dirección del colegio, nos comunicaron a padres y madres que había una pared que corría riesgo de desprenderse de la estructura del edificio. Habían vallado un perímetro de seguridad en el patio al que daba esa pared y, adicionalmente, se había prohibido a lxs chavalxs utilizar dicho patio.

El edificio no es viejo -unos 50 o 60 años-. Pero se encuentra en unas condiciones ruinosas: mal aislado del frío y el calor, goteras... Y, ahora, con paredes que se desprenden. 

No es precisamente lujoso, más bien todo lo contrario: austero y funcional. Porque no hay que convencer a nadie para que escolarice a sus hijos ahí -es la única opción en el pueblo-. 

Uno no deja de escuchar voces que advierten de que el Estado está en venta, que cada vez es más pequeño, que todos los servicios se externalizan (privatizan). Y, de cuando en cuando, aparecen artículos como este: "Educación concertada: una apuesta por la desigualdad". 

No tengo nada en contra de lo privado -ni a favor-. El que tenga un alto poder adquisitivo es muy coherente en llevar a su prole a colegios caros y lujosos. Para que interioricen esa normalidad y se relacionen con otras personas de su misma escala social -o superior-, que sus referentes sean gentes ricas y poderosas. 

Pero en el pueblo, lxs hijxs de la boticaria, del notario, del albañil, de la apicultora, de lxs paradxs... tienen que convivir en los mismos espacios. Lo hacen por necesidad -no por gusto- porque la alternativa privada no está interesada en las zonas rurales -no obtendría lucro-. Quizá la concertada sería posible, siempre que la administración pública asumiese los costes. Pero en este pueblo nunca se han planteado esas opciones.

Así, nos encontramos con ciertos servicios públicos que parecen intencionalmente abandonados, dejados: colegios, institutos, hospitales... Servicios básicos y de obligada prestación -según nuestra Constitución- que se ofrecen en espacios ruinosos. Mientras vemos que nuestros impuestos -el fruto de nuestro trabajo- se invierte en otras estructuras: salones de actos, plazas, instalaciones deportivas... Susceptibles de ser publicitados en los medios de comunicación y que, curiosamente, son utilizadas por los gestores de lo público en la celebración de pomposos y multitudinarios eventos.

Gestores de lo público -políticos y altos funcionarios- que constituyen en sí mismos sumideros de nuestros impuestos. Que viven lujosamente y utilizan los servicios privados y concertados para escapar de lo toscos y rudos servicios públicos.

No es esto un alegato en defensa de la educación pública, ni su retorcida burocracia -que ciertos sectores pueden saltarse alegremente para acelerar sus decisiones y que, también, puede utilizarse para poner trabas a las demandas de otros colectivos-. Es un intento de clarificar una estafa que se nos va imponiendo lenta y silenciosamente.

Si admitimos la idea, un tanto naíf, de que el Estado se basa en el "contrato social", podemos pensar que alguien no está cumpliendo su parte del contrato. Y que, además, el fruto de nuestro trabajo -los impuestos- no sólo se está empleando en el lucro de políticos y gestores, sino también de los grandes beneficiarios de la externalización de los servicios públicos.

La alternativa privada o concertada no es rentable en las zonas rurales. Pero puede llegar a serlo si nos vemos instigados a elegir entre trabajar de sol a sol para pagar la educación  de nuestrxs hijxs o correr el riesgo de que les caiga una pared encima.

En nuestras sociedades globales y masificadas, la política funciona así: en base a estadísticas, que nos dicen que bajar la inversión pública en ciertos sectores atraerá la inversión privada para cubrir ese vacío. Pero en los pueblos no viene nadie a tapar las grietas y sólo va quedando el vacío... solo.